República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 16 de septiembre de 2011
PIDEN INVESTIGAR A MAGISTRADOS POR NO DENUNCIAR ABORTO CLANDESTINO
La petición de la Procuraduría también es por violar el debido proceso en un fallo de tutela.
Por esto, el procurador Alejandro Ordóñez pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara investigar a los magistrados Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas Silva, de la Corte Constitucional.
Los dos magistrados denunciados concedieron una tutela a una mujer que terminó abortando clandestinamente por que ningún centro asistencial la quiso atender a pesar de haber invocado uno de los tres casos que fueron despenalizados por la Corte Constitucional.
El caso por el que fueron denunciados los magistrados ocurrió el 9 de noviembre del 2009. Una mujer de 24 años, con 10 semanas de embarazo diagnosticado como de alto riesgo, acudió al Hospital Departamental de Villavicencio pero los médicos se escudaron en la objeción de conciencia cuando ella expresó su intención de interrumpir el embarazo por miedo a morir.
Por esto, decidió acudir a la Defensoría del Pueblo y tampoco la apoyaron. Entonces decidió presentar tutela pero le fue rechazada por los jueces, por lo que terminó buscando un centro clandestino donde le practicaron la interrupción del embarazo.
En la decisión, la Corte dijo: "Advierte la Sala que en el presente caso se presenta una carencia actual de objeto que determina que sea imposible que la orden solicitada en la demanda de amparo –la práctica de la IVE- surta algún efecto. En efecto, por medio de comunicación telefónica que tuvo lugar con la peticionaria el día veintiocho (28) de abril de 2010, el Despacho del Magistrado Sustanciador pudo constatar que la misma ya no se encontraba en estado de gestación y que tampoco había dado a luz; concretamente manifestó que ‘no había continuado con el embarazo’”.
El Procurador consideró que los magistrados debieron denunciar a la mujer, pues como lo reconocen en la misma decisión, en el estudio del caso se tuvo información de un acto ilegal.
POLÉMICOS 18 VIAJES PAGADOS DE MAGISTRADO DE JUDICATURA
En seis meses, el abogado Néstor Raúl Correa Henao ha recorrido 20 ciudades por cuenta del tribunal.
En los seis meses que lleva de magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura, el abogado Néstor Raúl Correa Henao ha viajado por cuenta del tribunal en 18 ocasiones.
Con viáticos autorizados por sus colegas Hernando Torres (ya retirado) y José Alfredo Escobar, presidentes de la Sala Administrativa, de la cual hace parte, Correa ha recorrido 20 ciudades del país en 44 días, en actividades personales como la participación en foros y congresos y en el lanzamiento de su libro La Constitución para todos.
Correa fue elegido magistrado en la Judicatura en reemplazo de Jesael Giraldo, quien dejó el cargo en marzo por haber cumplido su periodo de ocho años.
En ese tiempo ha gastado más de 11 millones de pesos en tiquetes de avión, hoteles y hasta gastos de representación girados por el director administrativo de la rama, Carlos Ariel Useda, quien ocupó el cargo de manera interina durante dos años.
Uno de los viajes más recientes de Correa fue a Medellín -en julio-, donde permaneció cinco días y argumentó que había ido a realizar una visita a los juzgados piloto de Envigado e Itagüí, así como llevar a cabo el lanzamiento de su libro en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Para uno de sus viajes a Cartagena, que efectuó el 10 y 11 de junio, pasó una justificación en la que relacionó cinco entrevistas a aspirantes a magistrados de Justicia y Paz, con gastos de tiquetes y viáticos con cargo a la Judicatura.
Sin embargo, el ex presidente de la Sala Administrativa Francisco Escobar Enríquez aseguró que, por política de la Sala, los aspirantes de otras regiones se citan en Bogotá para las entrevistas y pruebas.
Es normal, dijo Escobar Enríquez, que sean comisionados para representar a la corporación en algunos eventos académicos, excepto cualquier tipo de cátedra en universidades privadas.
ELTIEMPO.COM buscó al magistrado Correa para conocer sus explicaciones, pero este se negó a dar declaraciones.
LÍO ENTRE PROCURADURÍA Y CORTE POR ABORTO CLANDESTINO
La petición de la Procuraduría también es por violar el debido proceso en un fallo de tutela.
Por esto, el procurador Alejandro Ordóñez pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara investigar a los magistrados Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas Silva, de la Corte Constitucional.
Los dos magistrados denunciados concedieron una tutela a una mujer que terminó abortando clandestinamente por que ningún centro asistencial la quiso atender a pesar de haber invocado uno de los tres casos que fueron despenalizados por la Corte Constitucional.
El caso por el que fueron denunciados los magistrados ocurrió el 9 de noviembre del 2009. Una mujer de 24 años, con 10 semanas de embarazo diagnosticado como de alto riesgo, acudió al Hospital Departamental de Villavicencio pero los médicos se escudaron en la objeción de conciencia cuando ella expresó su intención de interrumpir el embarazo por miedo a morir.
Por esto, decidió acudir a la Defensoría del Pueblo y tampoco la apoyaron. Entonces decidió presentar tutela pero le fue rechazada por los jueces, por lo que terminó buscando un centro clandestino donde le practicaron la interrupción del embarazo.
En la decisión, la Corte dijo: "Advierte la Sala que en el presente caso se presenta una carencia actual de objeto que determina que sea imposible que la orden solicitada en la demanda de amparo -la práctica de la IVE- surta algún efecto. En efecto, por medio de comunicación telefónica que tuvo lugar con la peticionaria el día veintiocho (28) de abril de 2010, el Despacho del Magistrado Sustanciador pudo constatar que la misma ya no se encontraba en estado de gestación y que tampoco había dado a luz; concretamente manifestó que 'no había continuado con el embarazo'".
El Procurador consideró que los magistrados debieron denunciar a la mujer, pues como lo reconocen en la misma decisión, en el estudio del caso se tuvo información de un acto ilegal.
EDITORIAL: EN DEFENSA DE TODOS
Proteger el erario es proteger los recursos de todos.
Desde hace varios años demandar al Estado colombiano se ha convertido, más que en un deporte nacional, en un jugoso negocio. En palabras del presidente Juan Manuel Santos, los fallos no favorables son un "desangre" para las finanzas públicas.
Los montos de las pretensiones judiciales que manejan varias entidades públicas son escandalosos. De acuerdo con recientes declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, los pleitos contra la Nación ascenderían a más de 400 billones de pesos.
Un informe de hace unos meses de la Contaduría General calcula en unos 773 billones de pesos lo que tendría que desembolsarse si a todos los demandantes se les diera la razón en sus litigios. El mismo estudio identifica a las agencias vinculadas a la infraestructura -el Inco y el Invías- y al Ministerio de Defensa entre los más afectados.
De hecho, anualmente el Gobierno debe pagar más de 1 billón de pesos en demandas perdidas. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, informó que solo 11 procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos le representaron 42.000 millones de pesos al erario. Estas cifras globales superan el PIB anual del país.
Las razones de la preocupante situación son varias: desde la incompetencia de los funcionarios al tomar alegremente decisiones onerosas, hasta la existencia de carteles de abogados especializados en litigar contra la Nación.
Sin embargo, hay una falencia que la administración Santos viene tratando de solucionar: la ausencia de una estrategia unificada de defensa jurídica estatal.
Con eso en mente, el Gobierno introdujo en la ley de reforma del Estado la creación de una agencia con esta finalidad. La nueva entidad estará adscrita a la resucitada cartera de Justicia y manejará los pleitos más riesgosos para los bolsillos públicos. Además, trabajará en temas de prevención y, junto con el Ministerio de Hacienda, creará un sistema de información para identificar las más onerosas contingencias que amenacen al fisco. En recientes anuncios, el Primer Mandatario ha mencionado a noviembre como mes de lanzamiento de la iniciativa.
Es perentorio reiterar no solo la urgencia de la entrada en operación de este equipo jurídico, sino también la preocupante falta de recursos para su montaje. El ministro Esguerra ha cuantificado en más de 4.000 millones de pesos la inversión pendiente para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica arranque en los tiempos programados.
Sin duda, el establecimiento de la nueva oficina es una de las principales prioridades en los meses iniciales del renacido ministerio. En este orden de ideas, debería contar con el mayor respaldo en materia presupuestaria, así como con el acceso a los recursos administrativos, logísticos y técnicos necesarios para empezar su difícil misión con el pie derecho. No es momento de ahorrar unos centavos si de cerrar la tronera de las millonarias demandas se trata. Los abogados de dicha división deben poder competir con sus contrapartes particulares.
Que el Estado se dedique a defenderse mejor no significa que los ciudadanos pierdan su derecho a exigir compensaciones cuando se sientan vulnerados.
La agencia debe centralizar la información y sincronizar la estrategia legal de manera que la Nación deje de ser un cajero automático para un creciente número de avivatos. Además, requiere identificar las áreas del aparato gubernamental por donde se están abriendo estos boquetes financieros.
Si bien no todas las pretensiones son frívolas o abusivas, proteger el erario es proteger los recursos de todos.
EL ESPECTADOR
LOS CUATRO PUNTOS DEL PROYECTO DE REFORMA DE JUSTICIA Y PAZ
POR: ELESPECTADOR.COM
Radicará en la Cámara de Representantes una propuesta que busca darle prioridad a los casos y modificar el sistema de reparación de víctimas.
Ante los reiterados inconvenientes en los procesos de reparación a las víctimas y las apenas cuatro condenas emitidas en los últimos cinco años, la fiscal general Viviane Morales radicó en la tarde de este jueves un proyecto ante la secretaria de la Cámara de Representantes con el fin de agilizar las audiencias y emitir más sentencias en contra de los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz.
El proyecto tiene cuatro puntos principales que buscan modificar el procedimiento y ejecución de la ley de justicia y paz, con el fin de aligerar las audiencias de fallo que se tienen pendientes en contra de 451 paramilitares de los 4.500 postulados que buscan los beneficios.
“Tenemos que incorporar los avances de la jurisprudencia con miras a obtener muchísimas más sentencias de las que hemos obtenido en los cinco años de la ley”, precisó la Fiscal General quien manifestó su desazón ante los pocos fallos proferidos hasta la fecha.
Entre los principales objetivos principales se encuentra corregir las fallas de procedimiento mediante a la priorización de tanto las víctimas como de los victimarios verificando la gravedad de las conductas de los primeros, y el estado de vulneración de los segundos.
En este punto se busca prevalecer las sentencias en contra de los comandantes paramilitares tanto de bloque como de frente, y el estatus de las víctimas que las cuales tendrán prioridad cuando se traten de mujeres, niños y minorías étnicas y sociales.
Otro de los puntos del proyecto presentado por la Fiscal General busca establecer mecanismos para excluir a paramilitares que no quieran estar incluidos en el proceso.
“Igualmente saldrán de la ley cuando estos no compadezcan al proceso, cuando no hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad, cuando hayan confesado hechos que no se refieran a su permanencia en el grupo del que se desmovilizaron o cuando se presente la muerte del postulado”, explicó la jefe del ente investigador.
El tercer punto señala la rebaja de 4 a 2 audiencias en el proceso: una de imputación ante el magistrado de control de garantías y otra de formulación de cargos ante el magistrado e conocimiento, “mejorando así la sentencias puesto que primero se emitiría el fallo y luego el incidente de reparación”.
Como principal logro de los últimos reajustes Morales Hoyos señaló que en los últimos cinco meses se han logrado recaudar 4.234 bienes, un punto importante señalando el punto de que en los cinco años se tenían 481.
“Todos los paramilitares extraditados quieren seguir en el proceso”
Frente al tema de los 14 paramilitares que se encuentran cárceles de Estados Unidos, la Fiscal General señaló que hasta el momento todos ellos han mostrado su deseo de seguir colaborando con la justicia y continuar con el proceso.
En este punto se estudia la posibilidad de brindarles protección a los familiares de los excomandantes paramilitares para que sigan colaborando con el proceso.
BATALLA JUDICIAL EN LOS MEDIOS
El Tribunal Superior de Bogotá está a punto de fallar el caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
Lo hará con ocurrencia de un recurso de apelación que la defensa del exmilitar interpuso ante una condena de treinta años de cárcel que pesa en su contra por el delito de desaparición forzada. Éste tuvo lugar, de acuerdo con la primera instancia, después de los terribles hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se produjo la toma por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército del Palacio de Justicia, con un saldo considerable de personas desaparecidas.
La juez del momento encontró culpable al coronel, entre otras, por las siguientes razones: fue quien comandó la operación de retoma del Palacio, dirigió él mismo el tema de los rehenes y manejó lo sucedido en la Casa del Florero, lugar al que fueron conducidos todos, pero no todos aparecieron después. No había fallado la juez de primera instancia y el abogado defensor, Jaime Granados, ya anunciaba el recurso de apelación a la sentencia en caso de ser desfavorable. Y así lo hizo, era su derecho. Queda entonces pendiente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
Este caso, más que una discusión de derecho, se ha vuelto una pelea mediática en la que parecería ganar quien más hable públicamente del asunto. Por un lado están los defensores y familiares de Plazas Vega, alegando que el proceso es inocuo ya que está lleno de irregularidades por cuenta de un testigo falso —la única prueba, aseguran—, y piden a través de los medios masivos su liberación inmediata. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, dice que apoya a Plazas y que dentro de su “fuero interior” sabe que este “héroe de la patria” es inocente. Los representantes y familiares de las víctimas salen al paso, en medios también, diciendo que esto último es una intromisión a la justicia por parte del Ejecutivo y un irrespeto contra la memoria histórica del país.
El asunto del testigo falso ciertamente es un hecho nuevo que no sólo afecta la veracidad de la sentencia de primera instancia, sino los elementos de juicio necesarios para que el tribunal pueda confirmarla o revocarla. Este juez deberá analizar concienzudamente si se trata o no de una verdad procesal. Lo que sí se sabe es que esta misma carta ha sido usada por la defensa de Plazas Vega en ocasiones anteriores: ya la fiscal del primer proceso, Ángela María Buitrago, fue investigada por haber usado un presunto testigo falso y fue librada de todo cargo por parte de la Fiscalía. Lo anterior porque las “inconsistencias” que alegaba Plazas Vega en cuanto a la identidad de aquél no eran suficientes para negar su validez dentro del proceso.
Asimismo, el testimonio que se cuestionó en el pasado por parte de la defensa —es decir, el del militar Édgar Villamizar— no parece ser la única prueba en el proceso: de acuerdo con María Stella Jara, jueza en la primera instancia, otro tipo de evidencia se tuvo en cuenta para la condena. Y siguiendo un estricto esquema jurídico esto es lo más lógico. Un testimonio no da la talla para convertirse en un elemento de juicio “más allá de toda duda razonable”, como manda el derecho. Y en efecto hay más pruebas: desde otros testimonios hasta el video en donde se ve a los rehenes desaparecidos saliendo con vida del Palacio en llamas.
Si son prueba suficiente o no de la responsabilidad del coronel (r) Plazas habrá de decidirlo el Tribunal. Ardua tarea la que le espera. No sólo la de revisar exhaustivamente las pruebas con las que cuenta para confirmar o revocar la sentencia, sino también la de no ceder ante la presión mediática. La oportunidad de llegar a saber lo que sucedió en aquellos días terribles, durante y después de la toma del Palacio de Justicia, pasa sin duda por lo que la justicia diga en este caso emblemático. Por eso, la decisión debe darse en estricto derecho y no por lo que piense la mayoría.
EL FUERO MILITAR
Por: Yesid Reyes Alvarado
El comandante de las Fuerzas Militares ha puesto sobre el tapete el tema del fuero militar. El hecho de que el nuevo ministro de Defensa se haya referido al mismo y algunas alusiones que en esa línea ha hecho el presidente, muestran que no se trata de una opinión aislada, sino de una real preocupación del Gobierno.
Quiénes deben juzgar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y por qué delitos, es un asunto que de tiempo atrás ha generado debate en el país y está lejos de haber sido resuelto; por eso la discusión es bienvenida. Lo primero que llama la atención es que todos parecen estar de acuerdo en un principio general conforme al cual la justicia penal militar debe ocuparse de la investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo.
Como la polémica ha girado es en torno a cuáles son los actos relacionados con la actividad militar, no es correcto decir que en Colombia el fuero se ha perdido. Lo que ha ocurrido durante los últimos cuarenta años es una variación en cuanto a la forma de interpretar esa expresión. En un extremo están quienes piensan que corresponde a la justicia penal militar el juzgamiento de toda infracción cometida por quien está de servicio, tesis que ha llevado a que bajo esas reglas fuera procesado un agente acusado de violar, durante su turno, a una niña dentro de una estación de policía. En la otra orilla se sitúan quienes sostienen que ese privilegio debe estar reservado a las infracciones típicamente militares, lo que reduciría su ámbito de aplicación a temas como la deserción o el llamado delito del centinela.
Trazar con nitidez la frontera entre lo que corresponde a una y otra jurisdicciones no es tarea fácil; el disparo de un policía contra un sospechoso desarmado puede ser visto como un acto contrario a sus funciones (lo que conduciría a aplicar la justicia penal ordinaria) o como un exceso ocurrido justamente en desarrollo de las labores de vigilancia encomendadas a ese cuerpo armado (con lo que debería ser un tema a cargo de jueces castrenses).
Sin embargo, desde el punto de vista del Derecho Internacional se han fijado parámetros que permiten descartar de antemano la conexión de algunos hechos delictivos con los actos propios de la función militar o policial. Así se ha hecho, por ejemplo, respecto de los crímenes de lesa humanidad; desde el punto de vista jurídico no cabe ninguna duda en cuanto a que los autores de torturas o genocidios o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario no pueden ser cobijados por el fuero; no sólo porque así lo dice de manera expresa el Código Penal Militar, sino porque a eso se ha comprometido Colombia ante la comunidad de naciones.
Por fuera del debate deben mantenerse, entonces, casos como el de los militares investigados por hechos relacionados con el Palacio de Justicia (que fueron expresamente invocados por el actual comandante de las Fuerzas Militares), porque ellos están siendo juzgados por su posible participación en desapariciones forzadas que, ni en el plano nacional ni en el internacional, puede ser sometida a la justicia penal militar.
EL NUEVO SIGLO
CONSULTA POR CONVOCATORIA DIRECTA DE UN REFERENDO
Se es posible o no para la Registraduría convocar a un referendo para la aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución, en el evento en que esta iniciativa haya sido negada por la respectiva Corporación se sabría la próxima semana.
Así se desprende de una consulta que en ese sentido hizo el registrador Carlos Ariel Sánchez al Consejo Nacional Electoral. La consulta surgió a raíz de la petición, el pasado martes, de la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, al Registrador para que le certifique el número de firmas que se requieren para la convocatoria directa de un referendo sin que pase por el estudio del Congreso, después de que el martes pasado la Comisión Primera de la Cámara hundió el proyecto de ley que buscaba la convocatoria de un referendo para consultar a los colombianos sobre la posibilidad de castigar hasta con cadena perpetua a quienes cometan delitos atroces contra los niños.
El artículo 31 de la ley 134 (que dicta las normas sobre los mecanismos de participación popular previstos en la Constitución) señala que “un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del censo electoral nacional, departamental, municipal, distrital o local, según el caso, podrá solicitar ante el Registrador del Estado Civil correspondiente la convocatoria de un referendo para la aprobación de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local de iniciativa popular que sea negado por la corporación respectiva”.
En ese sentido, en la misiva la parlamentaria Jiménez le pide aclarar al Registrador “cuántas firmas más debemos remitir y a partir de qué fecha corren los seis meses que señala la Ley 134 para realizar la convocatoria directa del referendo de iniciativa popular”.
Antes de consultar al CNE sobre el particular, el Registrador explicó que no existen antecedentes sobre un caso similar en Colombia y por lo tanto se hace necesario estudiar este asunto con profundidad para determinar la viabilidad jurídica de la convocatoria de este referendo.
El proyecto de referendo de cadena perpetua fue presentado al Congreso con el respaldo de 1.700.000 firmas.
SE AGUDIZA DEBATE SOBRE REFORMA PENSIONAL
La tan esperada reforma pensional que ha venido anunciando el Gobierno desde el año pasado y que confirmó esta semana el ministro de Protección Social Mauricio Santamaría, sigue causando controversia.
Esta semana la Comisión Séptima del Senado abordó el tema.
De un lado, el legislador Mauricio Ospina, del Polo Democrático, dijo que "en estos tres debates, consideramos que todavía no llegamos al fondo de la crisis pensional en Colombia. Todavía nos hace falta saber qué es lo que está pasando con los títulos valor de los fondos privados, situados en las Bolsas norteamericanas”.
Según Ospina, no hay que recortar los derechos ya ganados por los trabajadores: “También estamos esperando para diseñar un modelo que brinde garantías a los ancianos del país y no recortar los derechos que ya se han ganado por parte de los trabajadores".
De otro lado, la senadora Dilian Francisca Toro, del Partido de La U, afirmó que es necesario priorizar en la cobertura del sistema. "Es necesario avanzar en una reforma integral que contemple cada una de las necesidades expresadas, priorizando la cobertura como factor determinante", señaló.
Al respecto, el ministro Santamaría aseguró que "existe la disposición por parte del Gobierno para adelantar una reforma estructural del sistema nacional de pensiones".
El jefe de la cartera de Protección Social, agregó que "se buscarán soluciones de fondo para mejorar de manera importante la cobertura y sostenibilidad para que más colombianos se puedan pensionar, tal como lo dijo el Presidente Juan Manuel Santos. Para ello se hará un trabajo conjunto con una comisión de expertos que cuente con la participación del Congreso y la Comisión de Políticas Laborales".
A su turno, el senador Edison Delgado, del Partido Liberal, insistió en garantizar la pensión a los ciudadanos, puesto que "el no cumplimiento con este deber, solo demuestra la debilidad del Estado para responder de manera integral al beneficio del pueblo".
UN GRITO DE LEY
WILLIAM VILLEGAS OROZCO
“Proyecto forestal de acuerdo con condiciones de regiones”
LA Ley Forestal es urgente para la viabilidad del país, porque de no repensar y planificar bien las vías de la locomotora de la minería y el uso forestal y de conservación de nuestros bosques, principalmente los húmedos, nos veremos abocados a una catástrofe en nuestros ecosistemas naturales que afectará la calidad de vida de nuestros nietos y la viabilidad futura como nación.
Hace algunos días se realizó un debate en el Congreso de la Republica sobre lo que debería ser la nueva ley, la cual despertó muchas inquietudes en los académicos y preocupación en la sociedad civil, que no ve claro cómo se ejecutaría en el país; cuáles son las estrategias que consoliden una política de Estado que limite la deforestación de más de 300.000 has./año y cómo se promoverá entre los productores rurales, pequeños y medianos, una cultura de sembrar para que nuestros hijos cosechen así como la conservación de bosques naturales para poder sobrevivir.
De las 114 millones de hectáreas continentales colombianas, cerca de la mitad está en bosque, ¿qué tipo y de que composición faunística y florística hablamos? No sabemos, para qué nos pueden servir uno u otro? No conocemos a cabalidad, y como si fuera poco, las fuerzas devastadoras de grupos ilegales, narcotráfico y población pobre sin alternativas locales, que se unen a la guerra contra nuestros ecosistemas y biodiversidad en el Chocó, Cauca, Nariño, la región andina y en el complejo Amazonia-Orinoquia.
Según la FAO somos el tercer país en América Latina y el Caribe con mayor superficie de bosques y en lugar de aprovechar esta ventaja de manera controlada, estamos dando licencia para matarla. La nueva ley debe abordar el tema no sólo de manera ambiental y conservacionista sino buscar alternativas que frenen la intervención antrópica descontrolada, para ello debe haber un plan estratégico que vincule desde lo local y desde la academia unos principios básicos e inviolables con un equipo de vigilancia, no nacional sino internacional; infortunadamente debe ser así, porque a veces creo que le duele más el agotamiento de nuestros ecosistemas naturales a la comunidad internacional que a nuestros líderes. No estoy convencido de que los casi 12 millones de has. de Parques Naturales y las 36 millones de has. de las etnias, estén salvadas, porque he visto que muchas especies han sido también amenazadas por ellas mismas, muchas veces por no decir todas, por la falta de oportunidades que les permita sobrevivir en un mundo globalizado, que ya los constriñe.
Es perentorio un plan de contingencia mientras la ley es debatida y aprobada, por lo cual me inclinaría a fortalecer la reforestación, pero con carácter incluyente, donde se vincule al colono, etnias y campesinos con incentivos especiales como la nueva ley de Desarrollo Rural que lidera el MADR y los decretos de formalización de la propiedad acompañada de un plan de siembra para el futuro. Este esquema le dará a las comunidades estabilidad y capacidad de negociación; no creo en las UAF (Unidades Agrícolas Familiares) ambientales, creo que todas las UAF y baldíos que se titulen y sean entregados por el Incoder debe considerar un proyecto forestal de acuerdo con las condiciones biofísicas y culturales, de las regiones, como componente del proyecto principal rural.
CMI- UN, DOS, TRES
AL ROJO VIVO, EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL PROCURADOR POR EL TEMA DEL ABORTO
El enfrentamiento entre la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación sobre el tema del aborto se puso al rojo vivo.
La Procuraduría, en contra del derecho de la mujer a decidir sobre si aborta en caso de peligro de muerte, de violación o de malformación del feto, y la Corte, en defensa de esos derechos.
A la Corte llegó una tutela sobre el siguiente caso: una mujer solicitó a un hospital público la práctica de un aborto porque consideraba que estaba en grave peligro su vida, por su historia previa de eclampsia, que es una crisis epiléptica en una mujer embarazada, que ya le había originado otros abortos espontáneos. El hospital le niega el aborto sin hacer examen médico y la mujer acude a la tutela. En su trámite, un examen médico revela un posible peligro para su salud mental. Aun así, el juez niega la tutela. Ante esta situación, la mujer decide abortar por fuera del sistema de salud, en condiciones seguramente inseguras.
El tema llega entonces a la Corte Constitucional y es revisada por la sala octava.
Los magistrados Humberto Sierra Porto, Luis Ernesto Vargas y María Victoria dictan sentencia en el sentido de que se había violado el derecho fundamental de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, en la faceta de diagnóstico, porque se había omitido hacerle exámenes médicos que verificaran si se encontraba en peligro su salud mental.
Hasta aquí, la primera parte de la trascendental historia.
POSICIÓN DE PROCURADURÍA EN CASO DE UNA MUJER EN PELIGRO DE MUERTE QUE INTERPUSO TUTELA PARA ABORTAR
Segunda parte de la historia: la Procuraduría exige el nombre de la mujer que interrumpió su embarazo, seguramente, pienso yo, para acusarla penalmente. La Corte lo mantiene en reserva, no solo para proteger, digo yo, la identidad de la mujer, sino por otras razones.
Es que nadie puede negar que en este tipo de asuntos se encuentra profundamente involucrada la dignidad de las mujeres, su intimidad, su buen nombre y su honra.
Miren lo que hizo la Procuraduría: ¡localizó al juez de origen de la tutela e identificó a la mujer!
Procedió entonces la Procuraduría a denunciar ante la fiscal general de la Nación, por la «posible comisión de los delitos de aborto, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad, por omisión de denuncia y favorecimiento». El fundamento de la denuncia es que la mujer que interpuso la tutela abortó por fuera del sistema de salud, a pesar de que el juez de instancia le negó el amparo y de que los magistrados que firmaron la sentencia, es decir Sierra y Vargas, omitieron denunciarla y le reservaron su identidad. Esta denuncia fue remitida por la fiscal general a la Comisión de Acusación de la Cámara para investigar a los magistrados.
Hasta aquí, la segunda parte de la historia. Ahora viene la tercera parte.
LA INVESTIGACIÓN QUE SOLICITÓ LA FISCAL SOBRE LOS DOS MAGISTRADOS QUE FALLARON LA TUTELA.
Tercera parte de la historia: altos juristas conocen el pensamiento de varios magistrados sobre este choque con el Procurador.
Los siguientes son esos puntos de vista: el hecho de que el procurador denuncie penalmente a magistrados que toman decisiones judiciales que van en contra de su pensamiento moral y religioso tiene el siguiente objetivo: deslegitimarlos ante la opinión pública al presentarlos como inmorales y sin ética y así, restarles credibilidad. Lo anterior, con el razonamiento de que cualquier persona que no comparta las creencias religiosas y las posturas morales del procurador no posee ni ética ni moral.
Creen algunos magistrados que con esa denuncia la Procuraduría también busca otro efecto: generar ante la opinión pública la sensación de que existe una confrontación entre dos bandos, proaborto y antiaborto, y que los magistrados que toman decisiones judiciales contrarias al pensamiento moral y religioso del procurador general pertenecen a uno de esos dos bandos, razón por la cual sus decisiones no son imparciales y objetivas, sino parcializadas e influidas por una ideología y, por ello, no deben ser consideradas como obligatorias.
Y yo, como mujer, diría lo siguiente: amenazar con una denuncia penal a toda mujer que se atreva a interponer una acción de tutela para exigir su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en los eventos despenalizados por la Corte Constitucional es inaceptable.
Con ello se busca disuadir a las mujeres de acudir ante los jueces a exigir sus derechos mediante la acción de tutela.
Además es extraño, por no decir absurdo, que uno de los fundamentos de la denuncia contra los magistrados sea por haber protegido la identidad de la peticionaria, cuando en todos los casos de aborto que han sido conocidos por las salas de revisión de la Corte Constitucional se ha hecho lo mismo: proteger la identidad de la mujer.
CARACOL RADIO
LOS DISCAPACITADOS TENDRÁN ACCESO A LOS JUZGADOS DE PALOQUEMAO
La Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adecuar las salas de audiencia del Complejo Judicial de Paloquemao, de tal forma que se garantice el derecho a la accesibilidad física de las personas con discapacidad.
Así mismo, exhortó al Gobierno Nacional para que verifique la implementación de las leyes de integración social de las personas en situación de discapacidad y de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de esta población, específicamente, en lo atinente al derecho a la accesibilidad física.
La determinación se tomó frente a un abogado que es discapacitado y no puede acceder a las instalaciones de los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
Él relata que su desempeño como jurista no es el mejor, pues llega tarde a las audiencias a las que es convocado y queda en desventaja frente a sus demás colegas que si se pueden movilizar ágilmente por el complejo judicial.
La Corte Constitucional determina que se deben construir salas de audiencia en el primer piso para las personas con discapacidad, además elaborar un listado de personas en esa condición para ser tenidas en cuenta y reservar las salas más accesibles para que se puedan cumplir las diligencias.
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL FUE DEMANDADA LA LEY DE SOSTENIBILIDAD FISCAL
Cerca de 50 demandas en la secretaria de la Corte Constitucional han sido radicadas en contra de la ley de sostenibilidad fiscal, ya que consideran que la figura de la tutela está amenazada.
Los demandantes, que en su mayoría son personas de la tercera edad, dicen que es una violación esta norma que limita los recursos económicos del Estado, entre ellos las tutelas de alto costo.
Dentro de las demandantes está la señora Ligia Segura, una mujer de la tercera edad quien dice que gracias a la tutela puede caminar, pues a través de esta vía son autorizados los medicamentos para tratar una artritis crónica.
Por su parte Miriam Rubiano, otra de las demandantes, sostiene que se está forzando la tutela ya que un juez de la República podría negarse a concederla si ve que tiene un alto costo.
“Si por casualidad yo como un ciudadano del común necesito acudir a la tutela, cualquiera me puede decir que no hay dinero y mis derechos quedan sin garantía, sin que se tenga en cuenta que Colombia ha suscrito tratados internacionales en defensa de los Derechos Humanos”, dijo la demandante.
Las demandas interpuestas hasta el momento son analizadas por los magistrados de la Corte Constitucional que determinarán si las admiten o no.
REVELAN CORREOS DE POLÍTICOS, MAGISTRADOS Y PERIODISTAS CON CARLOS CASTAÑO
El periódico Un Pasquín revela entre otros el cruce de comunicaciones del ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, la periodista Salud Hernández-Mora y el embajador Jorge Visbal, con el extinto cabecilla de las autodefensas.
Según la publicación, a finales de enero de 2003, Carlos Castaño Gil envió un correo a Salud Hernández diciendo: "apreciada Salud. Reciba mi saludo con afecto. Le ruego suavizar mi respuesta a la pregunta sobre cómo financiar las autodefensas abandonando el narcotráfico".
De acuerdo con el periódico, la periodista Salud Hernández - Mora le respondió: "estimado comandante, comprendo su precisión y así lo haré".
De igual forma, Un Pasquín hizo un recuento de los testimonios según los cuales, el DAS entregó información privilegiada a la periodista española sobre "indagaciones ilegales" a la Corte Suprema.
Un Pasquín publicó la respuesta de Salud Hernández a la revelación: "yo no voy a decir ahora, ni nunca, ni a tí ni a los tribunales, ni a nadie, quiénes son mis fuentes... me importa un pimiento lo que digan... tengo la suerte inmensa de que me voy a Madrid y durante 15 días no me entero. Así que digan la mierda que quieran de mí. Me da igual".
Según el periódico, dirigido por Vladdo, el embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, la excongresista Rocío Arias, el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, los periodistas Astrid Legarda, Luis Jaime Acosta y Harriet Hidalgo, así como varios alcaldes de Urabá, intercambiaron correos con Carlos Castaño Gil.